“Si las riquezas no van a donde están los hombres, serán los hombres quienes vayan a donde están las riquezas”

Miguel Ferrá Catalá

Hoy en día, se calcula que más de seis millones de emigrantes procedentes de países terceros mediterráneos residen en la Unión Europea. Dentro de este contingente, la comunidad magrebí constituye la segunda por orden de importancia, tras los turcos: el 41% y el 50’3% respectivamente. Esta comunidad magrebí se distribuye entre más del 22% para Marruecos, cerca del 13% para Argelia y el 5’8% para Túnez. Se trata de una población dispersa, pero con una alta representación en algunos países de la UE. Los originarios del Magreb ocupan el primer lugar entre los extranjeros no comunitarios en Francia, Bélgica, Italia y España, y el segundo en Alemania y Holanda (detrás de los turcos).

Esta evaluación del contingente de emigrantes y su distribución entre los distintos países de destino confirman la importancia del hecho migratorio, que se ha convertido en un fenómeno social e incluso en una cultura.

Para los países del Magreb, la emigración se halla en el núcleo de un buen número de los desafíos que deben afrontar. No existen estadísticas precisas sobre la importancia de este flujo migratorio, pero lo que sí está claro es que el Magreb se ha convertido en un espacio de tránsito. Según una declaración del Secretario de Estado de Asuntos Extranjeros de Marruecos, Farsi Fihri, el 80% de los emigrantes clandestinos que cruzan el Estrecho son de origen subsahariano.

El balance del proceso de Barcelona que se ha venido realizando desde sectores oficiales y no oficiales en los últimos años es bastante crítico, si no decepcionante, en cuanto a su fracaso en la regulación de los flujos migratorios.

Durante los últimos años, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a abordar cuestiones relativas a la inmigración. Uno de los problemas a los que se enfrenta la UE es la ausencia de una política de inmigración firmemente orientada hacia la seguridad. Este enfoque descentralizado en la seguridad puede apreciarse en la decisión de incluir cuestiones relativas a la inmigración ilegal bajo el tercer pilar del Proceso de Barcelona junto con otros “riesgos transnacionales”, como el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de drogas, en lugar de incluirlas en el capítulo político y de seguridad.

La creciente regularización de inmigrantes ilegales que viven y trabajan en países europeos, como el proceso de regularización que se realizó en España durante la primera mitad de 2005, ha subrayado las limitaciones de las políticas restrictivas de visado. Para crear políticas más realistas convendría implantar un sistema de visados más flexible, tal y como recomienda el Parlamento Europeo. Las políticas restrictivas en materia de inmigración sólo sirven para fomentar la inmigración ilegal. Este tipo de inmigración afecta especialmente a las personas más desfavorecidas, especialmente a las mujeres, que caen víctimas del tráfico ilegal de seres humanos con fines de explotación sexual. Este fenómeno está reconocido por la INTERPOL como un crimen internacional organizado, con graves consecuencias para la seguridad de sus víctimas. De hecho, es importante notar que la emigración y la prostitución residen en causas comunes que tienen su origen principalmente en la pobreza y falta de perspectivas de futuro. Cuando hablamos de movimientos migratorios ilegales es importante tener en cuenta que en la actualidad se estima que alrededor de dos millones de personas caen cada año en redes de tráfico con fines de explotación sexual (esto es el 2,3 por ciento de las mujeres emigrantes). Es evidente que se trata de un ámbito en el que las políticas actuales amenazan con perjudicar otros ámbitos de cooperación y con debilitar el sentimiento de “asociación” que debería caracterizar a la Asociación Euromediterránea.

A pesar de las restrictivas normas legales y policiales que los países de acogida imponen, existe una sostenida corriente de emigrantes procedentes de los Países Mediterráneos No Comunitarios  – PMNC –  (recordemos que algunas estimaciones elevan a más de quince millones el número de residentes totales procedentes del conjunto de la región, siendo los principales países de destino europeo: Alemania, Francia, Países Bajos, España e Italia). A mediados del siglo pasado sólo un tercio de la población euromediterránea vivía en la orilla sur y este del Mediterráneo. En 2030, debido al alto crecimiento demográfico en la zona, dos tercios de los habitantes de la región estarán asentados en esos países.

Bruselas pretende que los Gobiernos de los PMNC se conviertan en la principal barrera para controlar a su propia población emigrante, o la que entre en sus territorios desde el Sur. En esa línea, la UE ha logrado, con la adopción del programa financiero MEDA, poner fin al “cheque ininterrumpido”, de tal manera que ahora, libre de las ataduras que le imponía el modelo de los Protocolos Financieros, puede premiar o castigar a un país determinado en función de su grado de colaboración en la dirección marcada desde Bruselas.

Existe también un precedente de metodología de sanción. En la reunión del Consejo Europeo de Sevilla de 2002, el gobierno español defendió entonces, sin éxito, la tesis de que los países que no combatieran con decisión el tráfico de inmigrantes fueran sancionados. Francia se opuso formalmente a la propuesta española, claramente dirigida contra Marruecos, y quedó descafeinada con la decisión de incluir en los futuros acuerdos de asociación una vaga cláusula de compromiso de lucha contra la inmigración ilegal.

La amenaza de retirar la ayuda económica a los países cuyos gobiernos no colaboren eficazmente en la represión de sus flujos migratorios no es el tipo de condicionalidad que debe promoverse, ni la vía más adecuada para reducir la presión migratoria. Bruselas intenta hacer que estos temas sean percibidos por todos como retos comunes, cuando en muchos casos son más bien preocupaciones propias ante unas dinámicas que escapan a su control, pero que no necesariamente son percibidas por los PMNC de la misma manera. Sin embargo, cabe destacar que los movimientos migratorios tienen graves repercusiones también para los países emisores. Un ejemplo de ello, sería la desprotección en los hogares en que los progenitores han emigrado.

La Unión Europa da una interpretación propia y diferente de un problema creado en gran parte por los mismos países europeos. Ni los Objetivos del Milenio, ni el Protocolo de Monterrey de 2002, ni los informes de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mencionan la responsabilidad de Occidente en el injusto estado de África. La mayoría de los conflictos étnicos, tribales, de fronteras, tienen su origen remoto en el trazado arbitrario de fronteras llevado a cabo por las potencias europeas – metrópolis – en la Conferencia de Berlín de 1884-85. Además, el actual subdesarrollo de África se debe en gran medida a las consecuencias de leyes comerciales desventajosas para el sur y determinadas a través de organizaciones gobernadas por los países desarrollados (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial).

Los flujos migratorios con destino a la cuenca mediterránea están marcados por la afluencia cada vez más importante de emigrantes subsaharianos. Durante los últimos años el número de emigrantes subsaharianos que anualmente acceden al Magreb por sus fronteras meridionales se estima entre 65.000 y 80.000. El Mediterráneo constituye un último obstáculo en su peligroso periplo, un obstáculo que en la actualidad aún es mucho más infranqueable por causa de los dispositivos logísticos y reglamentarios en las fronteras de la Unión Europea (Sive, Ulises, etc.). Así pues, los emigrantes se hallan bloqueados en el norte del continente africano. Esta nueva barrera es especialmente mortífera y el estrecho se ha convertido en el cementerio más grande del mundo. Se estima que entre 1989 y 2002 perdieron la vida en el mar entre 8.000 y 10.000 emigrantes.

La séptima reunión de alto nivel (RAN) entre España y Marruecos, celebrada el 29 de septiembre de 2005 en Córdoba y Sevilla, quedó relegada a un segundo plano ante los acontecimientos de Ceuta y Melilla. El desencadenante fue la concentración de miles de subsaharianos en las únicas fronteras terrestres de Europa con África para intentar traspasarlas de forma irregular. Según confirmó la misión del comisario europeo de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini, la expulsión o la readmisión de quienes lograron entrar de forma irregular en territorio español – y europeo – puede hacer que el problema remita temporalmente, pero no impedir que se repita antes o después, ya que 530.000 subsaharianos, 450.000 en Mauritania, 50.000 en Argelia y 30.000 en Marruecos, están ya en la zona a la espera de una ocasión para saltar las vallas o adentrarse a mar abierto. No han hecho falta más que unos meses para que se creen nuevas rutas de entrada a Europa (oleadas de inmigrante vía Mauritania-Canarias). Uno de los resultados de la nueva etapa en las relaciones hispano-marroquíes, anunciado por el primer ministro marroquí, Dris Jetú, es la decisión de su gobierno de aumentar de 1.600 a 7.000 el número de agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes desplegados para reforzar el control fronterizo con España. De todos modos, España – y menos Marruecos – no puede cargar por sí sola con las consecuencias de los problemas africanos. La UE tiene que asumir una responsabilidad que desde la burocracia de Bruselas puede que parezca lejana y fastidiosa.

En la actualidad, cerca de cinco millones de ciudadanos originales de países mediterráneos socios – la mayoría de Marruecos, Argelia y Turquía – residen legalmente en la UE. No obstante, teniendo en cuenta la situación demográfica de la UE, es necesaria la llegada de más emigrantes para alimentar la mano de obra. Más que centrarse en la reducción de las presiones migratorias, los socios deberían acordar un planteamiento más estratégico destinado a optimizar las ventajas de la migración para todos los socios. Aunque aún en desigualdad, se abarcaría así un favorecimiento mutuo de la migración, mano de obra a cambio de divisas. No hay que olvidar que el principal motivo que empuja a abandonar un país es el hambre, la pobreza. La emigración, permanente o temporal, genera sustanciales divisas (transferencias financieras) enviadas por los inmigrantes a sus familias y enriqueciendo así sus regiones de origen.

La aprobación por el Consejo Europeo de Feira (Portugal, 20 de junio de 2000) de una Estrategia Común para el Mediterráneo reafirma una distinción clara entre el trato favorable a la inmigración legal y la prevención de la inmigración ilegal. Algunos países de la ribera sur del Mediterráneo también favorecen la posibilidad de una inmigración legal, e incluso con ayudas estatales, para acudir a Europa en busca de trabajo o formación, como es el caso de la Office Nacional Algérien de Main d’Oeuvre en Algeria (1962), Office de la Formation Professionnelle à l’Etranger en Túnez (1969) o el Ministerio de Emigración en Egipto (1996).

Los Acuerdos de Asociación y los Planes de Acción de la Política Europea de Vecindad – programados para 2007 en la conferencia euromediterránea de ministros de Justicia y Asuntos Interiores, con la participación de las autoridades locales, para estudiar la gestión de los flujos migratorios y la integración social – contribuirán a promover la gestión conjunta de la circulación de personas (incluyendo la agilidad de visados) y la integración de los emigrantes. Aunque también podría valorarse la posibilidad de crear un centro euromediterráneo de estudios de las migraciones. Se deberían tener en cuenta las peticiones formuladas por algunos socios árabes, que reclaman un debate sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, más un estudio de mercado de trabajo de la UE y los países socios.

Fue Alfred Sauvy quien dijo: “Si las riquezas no van a donde están los hombres, serán los hombres quienes vayan a donde están las riquezas”. Planteado en estos términos, sencillos pero lúcidos, el problema reclama la atención de los países del Norte. Estas sociedades del bienestar no pueden mantener las bolsas de pobreza permanentemente lejos de sus fronteras mediante medidas reguladoras.

Hay que dar una dimensión más concreta a la solidaridad internacional y regional. A la internacional, porque la juventud africana, abrumada por la miseria, el hambre y las epidemias, mira cada vez más hacia Europa, y los países del Norte de África, sobre todo Mauritania, Argelia y Marruecos, tienden a convertirse en países de tránsito; a la regional, porque se debe dar un sentido más concreto y realista al diálogo y al partenariado euromediterráneo, proyecto cuyo objetivo declarado es convertir el Mare Nostrum en un área de paz y prosperidad compartida.

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