Turquía no es Europa

Sandra Suárez Berlanga 

Presente, pasado y futuro se mezclan, confunden y alían para impedir que Turquía, la que antaño fuese un temido Imperio, hoy venido a menos, pueda formar parte de la próspera Europa de los veintisiete.

Cuando el Consejo Europeo reunido en Helsinki decidió en diciembre de 1999 considerar al país asiático como candidato formal a ingresar en la Unión Europea todos sabían que el camino sería largo y trabajoso. Y a decir verdad, incluso para algunos socios, como Alemania o Austria, lo que realmente comenzaba era  el principio de una estrategia política cuyo fin último es evitar que el cristianismo de la vieja Europa se mezcle y conviva con un Islam totalmente denostado por la sombra del radicalismo y el terrorismo fanático.

Muchos eran los inconvenientes para que Turquía aspirase siquiera a picar a la puerta de la UE. Problemas económicos, políticos y de derechos humanos no constituían una buena carta de presentación. A todo ello se sumó en 2002 la elección de Recept Tayyip Erdogan como primer ministro, líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo, conocido por profesar puntos de vista islámicos radicales. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el gobierno de Erdogan emprendió un programa de reformas liberales y democráticas dirigidas a modernizar el país que permitieron mejorar notablemente las relaciones con Estados Unidos y Europa.

No debemos perder de vista que Turquía, al contrario de lo que muchos podrían pensar, es una república parlamentaria cuya Constitución (1982) dispone que es un estado democrático, laico, social y de derecho, en el que el presidente y el primer ministro se dividen las funciones y el poder ejecutivo de forma semejante al sistema de gobierno francés. Pues bien, este estado democrático, decíamos, ha realizado pingües esfuerzos por avanzar en materia económica y política encabezando vastas reformas entre 2001 y 2004 que le han permitido obtener grandes resultados. Del mismo modo, en el ámbito judicial, se ha abolido la pena de muerte y se han dado pasos importantes para terminar con los métodos de tortura.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y son muchos los temas pendientes en la agenda de Erdogan si es que realmente desea que su proyecto de la Alianza de Civilizaciones, cocinado a fuego lento con la cuchara de Zapatero, no se quede en papel mojado. Así, la libertad de expresión y religiosa, los derechos de las mujeres, y la libertad sindical junto a los tres grandes desvelos turcos: el pleno reconocimiento de los derechos de la minoría kurda, así como el reconocimiento de Chipre y la asunción del genocidio armenio durante la I Guerra Mundial, se constituyen en escollos que colocan a la adhesión de Turquía en un plano más utópico que real.

El asesinato el 19 de enero del periodista, Hrat Dink, quien fue cosido a balazos a la salida de su oficina por defender sus ideas sobre el genocidio armenio, ha suscitado las alarmas en el ámbito internacional sobre la finísima línea que separa la libertad del nacionalismo exacerbado. El gobierno de Ankara condenó enérgicamente el crimen, pero una debilitada libertad de expresión siempre será motivo de censura para cualquier intento de formar parte de la vieja Europa.

La voz silenciada del periodista turco de origen armenio intentó, sin éxito, contar su verdad, aunque esa verdad arremetiera contra la llamada “turquinidad”. Y esa verdad avala que en 1915 miles de armenios murieron a manos de turcos otomanos en un intento de homogeneizar un país en el que los armenios se vieron privados de preservar su identidad cultural. Hace pocos días, un grupo de historiadores turcos y armenios han acordado, por primera vez, cooperar en la investigación del genocidio, “supuesto”, para algunos, probado para otros. Un importante esfuerzo que puede caer en saco roto si sólo se queda en una declaración de intenciones, puesto que, a principios de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Abdulá Gul, advirtió a EE UU, quien actualmente discute ante la Cámara de representantes un documento que reconoce la matanza de 1,5 millones de armenios en territorio turco, de que “una resolución que reconoce el genocidio armenio es un insulto para los turcos”.

Entre tanto, y para seguir maquillando el esperpento de la realidad social turca, Ankara está ultimando los cambios con los que quiere enmendar el polémico artículo 301 del Código Penal, entre los que figura la reducción de penas de prisión o su conmutación por multas. Según el citado artículo se considera un crimen el “agravio público a la turquinidad” (identidad nacional turca). El castigo oscila entre los seis meses y los tres años de cárcel, algo que hace totalmente inviable la proliferación de medios de comunicación libres e independientes.

La cuestión chipriota es otro de las nubes negras que se otean en el horizonte de la adhesión turca. Ankara sigue empecinada en no reconocer la plena soberanía de un país socio de la UE. Esta paradoja afecta gravemente a las posibilidades del gigante asiático para formar parte del grupo de los veintisiete, ya que, aunque ha abierto sus fronteras a todos los miembros de la UE (lo que sería un reconocimiento velado de la soberanía de la isla del Mediterráneo) Turquía rechaza de pleno renunciar a sus intereses en la parte turcochipriota del país vecino. Para Turquía este problema no es más que una excusa para que países como Francia, especialmente sensible ante este conflicto, consigan su propósito de ver al gobierno de Ankara fuera de la UE.

Y por si todo esto fuera poco, aún nos queda la realidad kurda, un pueblo que reparte a su población entre Turquía (45%), Irán (30%), Iraq (20%) y Siria (5%). Al final de la I Guerra Mundial, los kurdos lograron la independencia de Kurdistán por medio del Tratado de Sevres. Sin embargo, éste nuca se ratificó y, en su lugar, quedó el Tratado de Lausana que omitió la promesa de dotar a los kurdos de un territorio propio. Por tanto, Ankara debe lidiar, entre otras cuestiones, con las ansias de independencia de un pueblo que exige parte de Turquía como propia para formar un estado soberano.

La inmejorable situación geográfica de Turquía, como puente entre Oriente y Occidente, y de paso obligado para el traslado de fuentes de energía no son suficientes para convencer a los europeos de la conveniencia de abrir sus fronteras a un gigante de 70 millones de habitantes que se convertiría en el país del Consejo Europeo con más votos, debido, precisamente a su elevada población.  El miedo a una ola inmigratoria hacia los países más ricos (Alemania ya cuenta con tres millones de turcos) no ayudan a agilizar unas negociaciones estancadas que divagan sin rumbo fijo hacia un futuro más que incierto.

Finalmente, la necesidad de palpar logros más contundentes en materia de derechos y libertades, así como la resistencia tenaz a abrir la puerta al Islam, un monstruo fanático capaz de las peores atrocidades, visto bajo la óptica de EE UU y de no pocos miembros de la UE, vaticinan un proceso más que largo. Puede que estemos ante un proceso irreal, ficticio; ante una pantomima mediática que no engendrará más que rencor a fuerza de forzar la vecindad y la convivencia. Puede que sea así o puede que los turcos se cansen de luchar por ser los últimos y menos sofisticados socios de un club vip donde ni siquiera se respeta a sus compatriotas, aquellos que emigraron hace tantos años para que aún hoy se les siga considerando unos extraños. Lo que parece claro es que Turquía no es Europa, por ahora.

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