Reforma constitucional en Ecuador

Iván Sevilla García-Hierro 

La Asamblea Constituyente que ha de dar una nueva Carta Magna a Ecuador arrancó el 29 de noviembre con plenos poderes. Seis meses, más dos de prórroga si fueran necesarios, es el plazo para dar forma a la nueva Constitución que deberá ser aprobada por referéndum popular.

Nueve (más una) son las mesas temáticas de discusión, en las que se plantearán temas como: derechos y garantías sociales; participación ciudadana y sistema de representación; organización del Estado; ordenamiento territorial y descentralización; asignación de competencias; biodiversidad; trabajo y producción; modelo de desarrollo; acceso a la justicia y lucha contra la corrupción; soberanía, relaciones internacionales e integración latinoamericana. La décima mesa legislará y fiscalizará sustituyendo al Parlamento en sus funciones, al haber sido éste suspendido indefinidamente. Ninguna autoridad, ni siquiera el propio Presidente, podrá incumplir las resoluciones de la Asamblea o será sancionado.

El objetivo de cesar a los parlamentarios es evitar, en palabras del Presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, que ocurra lo mismo que en el año 1998 cuando el Parlamento cesó a la Asamblea. El resultado fue una Constitución “plagada de ilegalidades”, según el Vicepresidente ecuatoriano Lenin Moreno. Ejemplos de las irregularidades derivadas del proceso del 98 serían las privatizaciones de la educación y la sanidad públicas. En la misma línea, otra precaución que han tomado los asambleístas para evitar cualquier interferencia ha sido asegurarse de que las medidas se aceptarán por mayoría simple (la mitad más uno) y no por mayoría cualificada: hay que recordar que los leales a Correa suman 80 de 130 asambleístas (sin contar con los votos de los que, en mayor o menor medida, comulgan con sus ideas).

El giro a la izquierda de Suramérica ha sido claro. Y es posible encontrar similitudes entre países como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Venezuela o Ecuador. Las reformas constitucionales propuestas, por ejemplo. O las nacionalizaciones de los recursos naturales. Pero los expertos coinciden en que no podemos comparar las políticas ejecutadas por los Bachelet, Kirchner, Lula, Vázquez, Evo, Chávez o Correa.

Como tampoco podemos acusar a Rafael Correa de seguidor de Chávez. Puede que sean los similares términos empleados por ambos dirigentes (“revolución ciudadana” el primero; “democracia revolucionaria” el segundo) o el deseo expresado del Presidente ecuatoriano de llevar a cabo una “política soberana de integración regional de línea bolivariana en el marco del socialismo del siglo XXI” lo que ha generado esta acusación, ya que el adalid de este movimiento es Hugo Chávez. Pero basta escarbar un poco para darse cuenta de que no es así. Un dato: la reforma constitucional venezolana contemplaba la reelección indefinida de un mismo candidato; la propuesta ecuatoriana pretende evitar la reelección indefinida del Presidente. Incluso se baraja la posibilidad de que el resto de cargos públicos permanezcan un periodo máximo de tiempo en el poder y que, de ser reelegidos, su reelección no sea inmediata.

En suma, los objetivos de la futura Constitución, según Alberto Acosta, son conseguir una democracia más participativa y directa (el propio Correa ha loado el papel que Internet puede jugar en este punto); un juego político más abierto (el Presidente ha invitado a las minorías indígenas a formar parte de la nueva vida política); y romper con la corriente neoliberalista que ha dirigido el país hasta ahora. En la misma línea, se pretende acabar con la tradicional partidocracia que gobernaba el país: partidos políticos fundados en torno a intereses económicos y orientados a beneficiar a poderosos oligarcas; políticos más preocupados de los deseos del partido que de las necesidades de los ciudadanos. Este control del poder político por el poder económico es lo que permitía, entre otras cosas, la ingerencia de poderes externos (multinacionales, por ejemplo) en la política ecuatoriana.

El nivel de vida no era bueno. Lo que explica que desde 2004, de los 13 millones de ciudadanos ecuatorianos, tres millones hayan abandonado el país. Correa ha prometido una distribución justa de la riqueza y pondrá en marcha un plan para retornar a los emigrantes: formación, créditos y eliminación de aranceles e impuestos son los ejes principales. El dinero saldrá de las empresas que explotan los recursos naturales del país. Aquí podemos encontrar otra diferencia con la Venezuela de Hugo Chávez: la nueva Constitución propuesta por el caudillo venezolano ha sido derrotada en las urnas; sólo en el referéndum para la aprobación de la Asamblea, Correa obtuvo más del 80% de los sufragios, lo que parece indicar que la sociedad ecuatoriana sí desea un cambio.

La práctica futura juzgará la teoría presente.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: