Historia de una pelea con final cerrado: la condena de Alberto Fujimori

Por Sandra Suárez Berlanga

La historia de América Latina ha estado ligada a la corrupción política que ostentaron  y aún practican muchos de sus dirigentes. El continente americano ha sufrido las actitudes despóticas de caciques y dictadores que quisieron gobernar con autoritarismo los pasos del pueblo sin contar con los ciudadanos. Muchos de estos sátrapas nunca han sido y, probablemente, no serán juzgados, por convertir a los estados latinoamericanos en jardines privados donde desplegar sus miserables ínfulas. Sin embargo, el pasado 7 de abril,  la justicia peruana devolvió la esperanza a todo un continente gracias a la condena a 25 años de prisión impuesta el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, acusado de violación de los derechos humanos.

Cuando Alberto Fujimori accede al poder en 1990, tras derrotar en elecciones a Mario Vargas Llosa, se encontró un país arruinado económicamente y atemorizado ante el avance de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Así, con la excusa de solucionar los problemas del estado, a Fujimori se le ocurre gobernar como un autócrata sin contar con nada más que con sus propias normas. Es el turbulento episodio denominado “Autogolpe” que en 1992 escribe una de las páginas más negras de la historia de la democracia peruana.

El 5 de abril de 1992, y tras una intensa campaña a través de los medios de comunicación en favor de su causa, Fujimori autoriza a los tanques a marchar por las calles de Lima. El mandatario peruano proclama en un discurso televisado la disolución del Congreso y la intervención el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Todo ello, según él, para “aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional” que obstaculizaban las citadas instituciones.

Pero, ¿cuál fue la razón principal del autogolpe de Alberto Fujimori?  Algunos analistas peruanos que sufrieron la censura impuesta por el gobierno de Fujimori coinciden en señalar que los parlamentarios peruanos comenzaron a investigar las supuestas corruptelas ideadas por el presidente de la República y por su asesor, Vladimiro Montesinos. Por supuesto, esto desagradó a Fujimori quien, desde su llegada al poder, había desplegado una campaña de acoso contra los miembros del Congreso y de la Judicatura alegando que mantenían vínculos con el narcotráfico y el terrorismo y que boicoteaban sus iniciativas legislativas para combatir dichos problemas.

Para cuando el Autogolpe fue una realidad ya se había producido el trágico episodio de los asesinatos de 15 personas en Barrios Altos a manos del Grupo Colina, una organización secreta auspiciada por Montesinos y, como ha probado la justicia peruana, apoyada por el propio Fujimori como parte de la estrategia gubernamental contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA.

Estos escuadrones de la muerte obtuvieron licencia para desplegar una guerra sucia contra los terroristas, pero también para detener, secuestrar y hacer desaparecer a cualquier sospechoso de colaborar con ellos. De este modo, tuvo lugar en julio de 1992 la masacre de La Cantuta, en la que 9 alumnos y un profesor fueron asesinados por los sicarios del Colina acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. Se equivocaron.

Tras la detención de Abímael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en septiembre de 1992, y la consiguiente desaparición de la amenaza terrorista, el grupo Colina abandonó paulatinamente su actividad. A finales de los noventa, miembros del escuadrón fueron juzgados, al igual que su ideólogo, Montesinos, que se mantuvo siempre fiel a Fujimori.

Barrios Altos y La Cantuta, así como los secuestros de un periodista y un empresario, le han valido a Fujimori la sentencia a 25 años de prisión en  lo que supone la primera condena a un presidente latinoamericano elegido democráticamente. Sin embargo, y a pesar de los hechos probados, aún hoy un buen número de peruanos apoyan la gestión realizada por Alberto Fujimori defendiendo su eficacia para acabar con el terrorismo.

El escritor peruano, Santiago Roncagliolo explica en su artículo “El ‘reality show’ de Alberto Fujimori” el malestar existente entre las filas de los fujimoristas, quienes se plantean que “si se puede juzgar presidentes, ¿por qué no juzgar a Alan García también? De hecho, durante su Gobierno de los años ochenta, se registraron más víctimas de la violencia que durante los años de Alberto Fujimori, según el informe de la Comisión de la Verdad. Sus defensores se preguntan: ¿son los crímenes de una democracia menos crímenes que los de una dictadura?”.

Como bien responde Roncagliolo, a Fujimori “se le ha probado personalmente la organización, o por lo menos el apoyo total a una estructura paramilitar dedicada a la desaparición: un escuadrón de la muerte. En ese sentido, está al nivel de Pinochet o de la cúpula militar argentina”. Y remata “la legitimidad moral de la sentencia estriba en que no es una venganza, sino un juicio justo. Fujimori ha recibido lo que sus víctimas no tuvieron: la posibilidad de defenderse”.

Perú cierra así su lucha, su pelea por defender la legalidad, la justicia y la transparencia que tantas veces se les ha negado a los ciudadanos de los países de América Latina. El final del “todo vale” y el principio de una democracia fuerte y sin fisuras son premisas largamente perseguidas para que el país andino logre superar, como apunta Vargas Llosa, “la larga tradición de dictaduras y la herencia más profunda y duradera que éstas dejan siempre a las sociedades que las padecen: el eclipse de la moral pública y el envilecimiento cívico”.

 

 

Ver también La cuenta atrás de Alberto Fujimori

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Comments
2 Responses to “Historia de una pelea con final cerrado: la condena de Alberto Fujimori”
  1. Gines dice:

    Gracias por el artículo, y mis felicitaciones a la autora, aunque me gustaría matizar algún detalle, si me lo permiten.

    Fujimori es un iluminado, un “mesías” de carácter populista y autoritario, el responsable último de una de las épocas más oscuras y autoritarias de Perú. De eso no cabe duda. Pero la autora escribe que (cita) “se le ocurre gobernar como un autócrata sin contar con nada más que con sus propias normas”. La sensación que interpreto es que a Fujimori le dio por hacerlo, así porque sí. Y aunque seguramente haya parte de verdad en eso, no creo que las FFAA aceptaran apoyarle porque a él se le ocurriera gobernar de esa manera.

    Si me permiten la opinión, creo que no queda muy claro el concepto. Yo creo que a su carácter autoritario, mesiánico y populista se unía una situación de seguridad nacional desquiciada y una crisis económica sin precedentes. Es decir, el Escenario perfecto para que apareciera un “salvapatrias”, y sobre todo para que un consiguiera el apoyo necesario para hacer y deshacer con pocas limitaciones.

    En este sentido, la Fundación CIDOB apunta:

    ” Mientras la inflación avanzaba por la senda descendente, hasta caer a los tres dígitos -el 139%- que iba a marcar el promedio anual de 1991 y ya sólo a dos –el 57%- en 1992, la prioridad más urgente del Gobierno pasó a ser la contención del violento brote de cólera que en cuestión de semanas mató a más de 500 personas en diversos puntos del país. La epidemia, favorecida por el consumo de agua corriente contaminada por culpa de unos sistemas potabilizadores ineficientes, y que puso un broche particularmente dramático a la realidad de subdesarrollo y falta de inversiones públicas que afligía al Perú, ocasionó al país pérdidas económicas por valor de 770 millones de dólares debido a los embargos impuestos al comercio exterior de alimentos, sobre todo los productos pesqueros, y al retroceso del turismo. La calamidad sanitaria, unida a los estragos causados al sector primario por el fenómeno climático del Niño, repercutió muy negativamente en la incipiente recuperación económica: tras el 2,4% de tasa positiva anotada en 1991, la recesión iba a volver por sus fueros en 1992 marcando una tasa negativa del 2,7%.

    Desde finales de 1991, el PAP y el FREDEMO comenzaron a ejercer en el Congreso una oposición coherente al Gobierno, el cual, por ejemplo, vio bloquearse una serie de decretos legislativos que conferían al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas el monopolio absoluto de la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico. Con respecto a este punto, el 14 de mayo el Gobierno se plegó a la presiones de Estados Unidos, que tenía retenida su ayuda económica, y firmó una declaración sobre la ejecución de una estrategia conjunta para combatir con medios militares el enorme trasiego de coca y cocaína. En cuanto al Poder Judicial, se descalificó a sí mismo al liberar a decenas de narcotraficantes y a más de 200 senderistas, y al reducir arbitrariamente la duración de las penas carcelarias de otros reos.

    Fujimori se sentía frustrado con el corsé legal que le imponían la división y la limitación de los poderes del Estado, y con las decisiones que tomaban los miembros del Legislativo y la judicatura. Decidido a remover los obstáculos a sus planes de gobierno, y luego de asegurarse el acatamiento de las Fuerzas Armadas, el presidente quebró el orden constitucional con un golpe de Estado institucional, un autogolpe, perpetrado en la noche del 5 al 6 de abril de 1992.

    En su mensaje televisado a la nación, Fujimori anunciaba que, ante “la inoperancia del Parlamento”, “la corrupción del Poder Judicial” (responsable de la “liberación inexplicable de narcotraficantes” y de la “masiva puesta en libertad de terroristas convictos y confesos”), y la “evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del Gobierno por parte de las cúpulas partidarias”, procedía a tomar las siguientes medidas: uno, “disolver temporalmente” el Congreso, hasta la aprobación de una “nueva estructura orgánica” del Poder Legislativo que sería aprobada mediante un plebiscito nacional; dos, “reorganizar totalmente” el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público, “para una honesta y eficiente administración de justicia”; tres; “reestructurar” la Contraloría General de la República; y cuatro, crear un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, cuyos principales objetivos iban a ser, entre otros, “modificar” la Constitución en lo que atañía a la estructura de poderes, “moralizar radicalmente” el Poder Judicial, “pacificar el país” y “promover la economía de mercado” dentro de unos marcos jurídicos apropiados”

    Creo que esto puede completar el artículo. Seguramente existan muchas otras causas que se nos escapen….

    Un saludo

  2. PEDRO HERNAN GONZALES RIVERA dice:

    qUE LAMENTABLE… POR APARENTAR SER DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA SE VA JUSTIFICAR LA PERPETUIDAD DE INMENSOS DESATINOS, INJUSTICIAS E INDIFERENCIAS A MUCHOS PROBLEMAS QUE AQUEJABAN AL PERU, DE PARTE DE LOS GOBERNANTES Y DE LA CLASE DOMINANTE PARA DAR SOLUCIÒN A LOS PROBLEMAS CRUCIALES ANTES DE 1990.
    A. FUJMIMORI, SI SUPO DAR SOLUCIONES SABIAS A ESOS PROBLEMAS
    QUE EL PPUEBLO NUNCA LOS OLVIDARÀ

    QUE

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