Nueva fiscal en la CPI

Fatou Bensouda, exministra de justicia de Gambia, ha juramentado como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en sustitución del argentino Luis Moreno Ocampo.

Fatou Bensouda, exministra de justicia de Gambia, ha juramentado como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en sustitución de Luis Moreno Ocampo. Lo hace cuando la Corte cumple 10 años de existencia: en abril de 2002, 60 naciones habían ratificado el Estatuto de Roma (el texto base de la CPI), número mínimo para que la Corte entrara en vigor en julio de ese mismo año. Y en una situación curiosa: siete procesos tiene abiertos la CPI y los siete son en países africanos, a saber, Libia, Uganda, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Kenia, República Centroafricana y Sudán.

Son los africanos los que hacen una de las críticas más feroces a la Corte: da la sensación de que sólo se actúa en territorios y sobre conflictos y personas de su continente. Sin ir más lejos, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Jean Ping, ha llegado a acusar a Ocampo de “doble rasero” a la hora de actuar, dando a entender que sólo se seleccionan casos ocurridos en África. En esta línea, la UA ya actuaba. Un ejemplo lo encontramos en la orden de detención emitida contra el presidente sudanés Omar al-Bashir, la primera emitida contra un mandatario en activo: aunque ya se había sostenido en anteriores cumbres, en la XVIII Asamblea de la UA celebrada en enero de 2012 en Etiopía los asistentes reiteraron su intención de no colaborar con la Corte en este sentido. Hay que recordar que muchos de los países que han ratificado el Estatuto de Roma, y que por tanto tienen la obligación de colaborar con la CPI, son parte de la UA. Puede que la elección de Bensouda sea un guiño a África.

Lo mismo ha hecho la Liga Árabe. Poco después de emitirse la orden de captura contra Al-Bashir, en marzo de 2009 se celebró la XXI Cumbre de la Liga en Qatar: los países árabes apoyaron enérgicamente al presidente sudanés. Son conocidas las reticencias de los estados árabes respecto del Estatuto de Roma. Entre los motivos que avivan estas consideraciones puede encontrarse la renuencia de la Corte para juzgar los crímenes cometidos en la Guerra de Gaza entre 2008 y 2009 tras alegar que Naciones Unidas no considera a la Autoridad Nacional Palestina un Estado.

Pero, ¿con qué apoyos cuenta de verdad la CPI? Siguiendo con el ejemplo de Sudán, Moreno Ocampo inició sus investigaciones sobre los sucesos acaecidos en la región sudanesa Darfur en 2005 tras remitirle la situación el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resulta curioso este dato, ya que de los cinco miembros permanentes del Consejo, tres no reconocen a la Corte: China, Rusia y Estados Unidos. El caso más llamativo es el de Estados Unidos: firmante del Estatuto de Roma con Clinton, retiró su firma con Bush. La firma (no la ratificación) compromete a, al menos, abstenerse de realizar actos que afecten el objeto y/o el espíritu del Estatuto. Los norteamericanos han alabado la actividad de la CPI en Darfur, pero se abstuvieron en la votación que elevó el caso hasta Ocampo. Votar a favor hubiera supuesto reconocer a la CPI.

En 10 años, la CPI sólo ha condenado a una persona: el exlíder rebelde congolés Thomas Lubanga. El que fuera el primer detenido de la Corte, ha sido condenado por los crímenes de guerra que suponen reclutar y animar a alistarse a menores en las filas de su grupo militar, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo. Su juicio comenzó en enero de 2009 y fue el primero acometido por la CPI. Otras tres críticas han surgido en este sentido apuntando a la Corte. Por un lado, su lentitud: en una década de funcionamiento, la CPI sólo ha juzgado a una persona. En segundo lugar, se han denunciado irregularidades durante el juicio que cuestionan la suficiencia de recursos del único tribunal internacional con carácter permanente. Y tercero, hay quien afirma que se ha hecho una justicia de mínimos: después de todo lo ocurrido en la República Democrática del Congo, tan sólo se ha condenado a Lubanga y por algunos delitos cometidos en una región del país durante un reducido periodo de tiempo (2002-2003).

Esta es la realidad que hereda Bensouda. Entre sus primeras ocupaciones se encuentran los casos del libio Saif al Islam Gadafi, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, y del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. No parece fácil. Pero, si algo está claro es que la fiscal de un estamento que desde su fundación pretende ser permanente, universal y supranacional no puede tener un camino sencillo.

Por Iván Sevilla García-Hierro

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Comments
2 Responses to “Nueva fiscal en la CPI”
  1. EBX dice:

    Que buena la publicación que nos compartes, todo un gusto visitarte.

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  1. […] de tratar temas como el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, este año hemos podido charlar sobre otras cuestiones como los conflictos armados actuales y su […]



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